El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello dio a conocer la encuesta realizada de manera presencial a 1.212 personas en Santiago, Valparaíso y Concepción, la cual está enfocada a la “Ley de despenalización del aborto en 3 causales” y cuyo trabajo de campo fue efectuado por la empresa GFK Adimark durante junio y julio.
A 10 meses de vigencia de la normativa, desde su publicación en el Diario Oficial el 23 de septiembre pasado, a junio de este año contabilizaba 309 interrupciones de embarazo por alguna de las tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
La encuesta arrojó datos que reflejaron el apoyo que la ciudadanía le brinda a la “Ley de despenalización del aborto en 3 causales”. En efecto, un 63% de los encuestados la apoyaron y en los segmentos socioeconómicos altos ABC1, un 87% de los encuestados los aprobó.
Según detalla Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAB esto podría explicarse “porque aparentemente, el debate llegó con más fuerza a estos niveles socioeconómicos, hubo un mejor entendimiento de los argumentos y razones esgrimidas por los defensores del proyecto de ley y finalmente hay aspectos culturales y educacionales que influyen en estas tasas de aprobación”. Sin embargo, esta ley también cuenta con apoyo mayoritario, aunque un poco menor, en los grupos socioeconómicos más bajos (D), ya que un 53% de los encuestados la apoya.
La encuesta muestra que un 63% está a favor de que FONASA y las ISAPRES incorporen las prestaciones necesarias en sus planes de salud para que esta ley se concrete en la realidad. Respecto a la viabilidad de este ítem, Héctor Sánchez aclara que “es lógico y entendible que, si hay una amplia mayoría a favor de esta Ley, sean ellos mismos quienes planteen que las prestaciones vinculadas con un aborto por alguna de las tres causales debieran estar cubiertas por su seguro de salud (Fonasa o Isapre), ya que de lo contrario el acceso sería más restringido y/o costoso, si los costos son muy elevados y las personas los deben financiar”.
Respecto a las medidas del protocolo de implementación, un 67% de los consultados se mostró partidario de que el Estado garantice la existencia de centros de salud públicos y privados que den acceso al aborto en las tres causales en todas las regiones del país.
Objeción de conciencia
Sobre la objeción de conciencia en el sistema público de salud, un 41% rechazó esta moción, mientras que un 37% se mostró en contra de ésta en el sistema privado de salud. Sánchez señala al respecto que “este ha sido un aspecto muy controvertido en la discusión de la aprobación de la ley y de su implementación a través del protocolo; la gente por un lado valora la libertad de las personas para ejercer su derecho a libertad de conciencia, pero por otro ve un riesgo en que el ejercicio de este derecho afecte el otro derecho vinculado con el aborto por tres causales. Por estas razones es que no hay una posición muy categórica en los encuestados, de lo que se concluye que el ejercicio de este derecho de objeción de conciencia no puede colisionar con la obligatoriedad de la ley y el libre acceso de las personas que lo requieren según se establece en dicho cuerpo legal”.
Finalmente, cabe destacar que, si bien los entrevistados se muestran en desacuerdo con la objeción de conciencia, no es razón para preferir atenderse o no en un centro de salud objetor, ya que un 49% no hace mayor diferencia.
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