Las mujeres abortamos. Lo hacemos desde hace siglos, históricamente. Y las sociedades comenzaron a entender, hace décadas, que teníamos derecho a parar un embarazo bajo procedimientos médicos que resguardaran nuestra vida. No podían seguir muriendo mujeres por una práctica que era habitual y legítima. En Chile y el mundo se crearon instancias de salud pública que aseguraban que esa acción se realizaría bajo estándares médicos que nos protegían y se iniciaron las discusiones legislativas y políticas para amparar nuestra salud sexual y reproductiva.
Las mujeres abortamos desde hace siglos y no somos malas ni asesinas. Sencillamente, evaluábamos nuestras posibilidades de ser o no madres, bajo una circunstancia puntual. Y el mundo entendió por prácticamente, unanimidad, que teníamos derecho a detener la gestación en circunstancias tan extremas como cualquiera de las tres que contempla el proyecto que hoy revisa el Tribunal Constitucional.
¿Nos debe importar lo que opinen estos organismos en torno a lo que sucede en Chile? Acaso, ¿no somos soberanos?, cuestionan otros. Sí, lo somos. Pero los Derechos Humanos son UNIVERSALES y hay tratados que lo ratifican.
Irónicamente, el futuro Presidente del TC, Iván Aróstica, contestó al argumento del abogado representante del Gobierno, Alfredo Etcheberry, que nuestra Constitución tenía errores de redacción. Honorables, como la interpretación de la Ley o de nuestra Constitución no asegura una mirada unánime, permítanme decirles que, aunque así fuera, mucho más grave que esos supuestos errores de redacción es que nuestra Constitución no logre legitimarse, no sólo por su historia, sino que ahora, por el riesgo que significa interpretarla en contra del Derecho Internacional de Derechos Humanos y de las recomendaciones que los órganos universales vienen haciéndole al país, en torno a la despenalización del aborto en estas tres causales.
Es sabido que ONU (a través de informes) o Human Rights Watch (en presentación ante el TC), por nombrar algunos, apoyan la constitucionalidad del proyecto de despenalización. Pero la pregunta que surge entre los detractores es: ¿Nos debe importar lo que opinen estos organismos en torno a lo que sucede en Chile? Acaso, ¿no somos soberanos?, cuestionan otros.
Sí, lo somos. Pero los Derechos Humanos son UNIVERSALES y hay tratados que lo ratifican. Sino poco tendríamos que decir, reclamar o hacer contra prácticas como la ablación de clítoris, mutilación genital o matrimonios concertados de menores. Acciones que vemos tan aberrantes, arcaicas y deshumanizadas como evalúan, en muchas sociedades, la idea de obligar a una niña o mujer a cargar un embarazo producto de una violación.
Simpatizo con los países en los que la confianza en la decisión de las personas adultas es lo que prima. Naciones en las que no sólo no se penaliza, sino que ni siquiera se cuestiona la decisión de una mujer que decide frenar un embarazo. ¿Por qué? Porque confío en las mujeres
Cabe recordar que, de los 194 países soberanos, reconocidos por la ONU con auto gobierno e independencia, sólo siete persiguen y criminalizan a una mujer que decide abortar en esa o cualquier circunstancias. Menos del 4%. La mayoría de ellos en América Latina y el Caribe (Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Chile. Fuera del continente, se suma Malta). Todos profundamente influidos por la Iglesia Católica y Evangélica. Ni uno que responda a la caricatura de país musulmán que “oprime” a sus mujeres, con la que nos gusta ejemplificar cuando hacemos gárgaras de nuestra modernidad, mirando la astilla en el otro, pasando por alto la viga en el propio.
Simpatizo con los países en los que la confianza en la decisión de las personas adultas es lo que prima. Naciones en las que no sólo no se penaliza, sino que ni siquiera se cuestiona la decisión de una mujer que decide frenar un embarazo. ¿Por qué? Porque confío en las mujeres, en aquellas que sacan adelante a sus familias, que trabajaban fuera y dentro de la casa, en una sociedad donde gran parte de los hogares es monoparental; es decir, empujado por mujeres que con poco o nada de apoyo, protegen y se hacen cargo de hijos, ancianos y enfermos.
Si a esas mujeres no les preguntamos si necesitan ayuda y escasamente se les ofrece alternativas que alivien su andar, por qué tendríamos que decidir por ellas si pueden o no, si quieren o no, continuar un embarazo. Peor aún, por qué tendríamos que obligarlas a seguir con uno, en circunstancias tan extremas como una gestación que pudiese ponerlas en situación de riesgo vital.
En la discusión de la legitimidad del proyecto, poco importa lo que tu o yo pensemos sobre cuando comienza la vida. Ese no es el tema, porque vida hay en muchas cosas, no sólo en humanos. Y como tales, hemos acordado en qué casos se prioriza una vida sobre la otra. Como dijo Humberto Maturana “si uno quiere defender la vida, ni siquiera debiera tomar antibióticos, porque las bacterias son seres vivos. Hablar de la defensa de la vida, en general, es una mentira”.
No se trata del inicio de la vida, se trata de ser razonables y reconocer que hay motivos para que una mujer tome la decisión de abortar y que, en su calidad de persona y ciudadana, esos fundamentos son válidos y deben estar resguardados.
Lo que importa es que, en esta sociedad que, a juicio internacional, vulnera a sus mujeres, no nos vean como ciudadanas de segunda o quinta clase, mentirosas o criminales, con derechos en tanto personas nacidas que estarían, siempre, por debajo de los derechos del que aún no nace, obligándonos a cometer actos heroicos que atentan contra nuestra vida, bienestar y dignidad.
Nadie puede discutir que es razonable que una mujer no quiera continuar con un embarazo que podría costarle la vida. No se puede discutir que es razonable parar el embarazo de un feto de características inviables. Es completamente razonable querer detener un embarazo que es producto de una violación. El resto de las causales seguirá siendo penalizada.
No se trata del inicio de la vida, se trata de ser razonables y reconocer que hay motivos para que una mujer tome la decisión de abortar y que, en su calidad de persona y ciudadana, esos fundamentos son válidos y deben estar resguardados.
Esta mirada es la que divide, hoy, nuestra posibilidad de ser un país y tener una Constitución que está a la altura jurídica y moral de los más altos estándares internacionales en esta materia versus seguir en esa vergonzosa lista negra de países con leyes que no resguardan ni garantizan los derechos humanos de sus mujeres y niñas.
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