Aunque las mujeres de países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, sufren constantemente de acoso sexual callejero, son pocas las medidas legales que existen en estas naciones para combatirlo.
Perú, es el único de estos países que dispone de una ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios públicos, gracias a una medida promulgada en 2015.
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En esta normativa se considera como elementos constitutivos del acoso sexual en espacios públicos al “acto de naturaleza o connotación sexual”, así como “el rechazo expreso del acto de naturaleza o connotación sexual por parte de la víctima”.
Entre los organismos competentes para aplicar la normativa, que incluye acciones de prevención y sanción, están los gobiernos regionales y locales, así como los ministerios de la Mujer, de Educación, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, y de Interior.
No obstante, según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha, solo 14 de los 43 distritos de Lima Metropolitana cuentan con ordenanzas municipales para combatir estos actos.
En Perú, según una encuesta elaborada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica en 2016, siete de cada diez mujeres entre 18 y 29 años, señalaron que en los últimos seis meses sufrieron algún tipo de acoso sexual callejero. Aunque en Lima la cifra se eleva a 9 de cada 10 mujeres.
En Uruguay, aunque no existe una medida específica en contra de este comportamiento, el acoso callejero está contemplado dentro de la ley integral de violencia basada en género. Según la primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones del 2013, casi 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia basada en género en algún momento de sus vidas.
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Intentos de regular el acoso sexual callejero
Por su parte, en Chile, en el 2015 el Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC) impulsó en el Congreso un proyecto de ley de Respeto Callejero para tipificar y castigar ese tipo de comportamientos en los espacios públicos.
La iniciativa fue aprobada el mes pasado por la sala del Senado, en donde, además, se abrió un plazo hasta el 26 de noviembre para incorporar indicaciones que mejoren la ley. Además, a nivel municipal, alcaldías como las de la ciudad de Punta Arenas o de barrios santiaguinos como Macul, Las Condes y Recoleta, cuentan con ordenanzas que sancionan el acoso callejero.
Cabe destacar que en nuestro país, según cifras del OCAC, el 85 % de las mujeres ha sufrido acoso sexual callejero en el último año. Este organismo, además, señala que dos de cada cinco personas han sido objeto de roces o toqueteos en el espacio público y que el 23 % de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso grave, como persecución, exhibicionismo o masturbación.
En Bolivia, en el 2017, hubo un intento de regular el acoso sexual callejero en un nuevo Código Penal, pero el Gobierno retiró el proyecto conjunto por unas protestas sobre otros apartados. Parecida fue la situación de Paraguay, que en el 2016 sancionó la Ley Integral de Violencia, que en un principio hablaba de penalizar el acoso callejero.
Un reporte del Observatorio Contra el Acoso Callejero en Bolivia establece que en el 2015 y el 2016 se produjeron 372 denuncias por acoso sexual callejero, en las cuales la mayoría de los supuestos agresores eran albañiles y chóferes.
Mientras tanto, Argentina está a la espera de que el Parlamento apruebe en el Congreso de La Nación un proyecto de Ley que busca sancionar, con multas de entre unos 150 y hasta 1.500 dólares, los casos de acoso. Además, un 93 % de las mujeres asegura que ha sufrido acoso sexual callejero a lo largo de su vida y el 80 % dice sentirse insegura al transitar por las calles por este motivo, según un informe publicado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) el año pasado.
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En lo referente a las estadísticas de acoso, todos los países muestran cifras altas en acoso sexual callejero, menos Paraguay que no dispone de datos sobre este delito. Asimismo, un trabajo de la fundación Libres de Violencia de junio de 2018 determina que la tendencia a guardar silencio ante expresiones de acoso en lugares públicos es de un 79 %, porque prevalece la creencia de que en la mayoría de esos casos se trata de un halago y no de una agresión.
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