El Instituto de Derechos Humanos de Chile interpuso una querella por cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas, internas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que acusaron haber sida abusadas sexualmente.
La denuncias es contra de un gineco-obstetra del centro, quien solicitó desnudamientos y realizó tocaciones a las mujeres, además de haber hecho comentarios obscenos, mientras ellas asistían a una consulta de salud sexual y reproductiva.
Imagen: Recuperada desde Elmostrador.cl
El informe presentado por el INDH cuenta que las internas, al conversar entre ellas, se dieron cuenta que compartían la misma percepción sobre las malas prácticas del médico, sintiendo que también habían sido abusadas sexualmente por él.
Por lo mismo, se juntaron con la matrona que trabaja con el médico para hablar sobre el tema, quien le indicó a una de ellas que “yo sabía que era medio cochino pero nunca pensé que iba a hacerlo cuando yo estuviera ahí”.
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Beatriz Contreras, jefa regional metropolitana del instituto, señaló que este funcionario “abusó de cuatro mujeres en circunstancias que tenía la responsabilidad de velar por la salud sexual y reproductiva de ellas, dos de éstas se encuentran embarazadas, por lo que la atención con este ginecólogo es la única posibilidad que tenían de controlar la salud de sus hijos que están por nacer“.
La institución también pidió que se entrevistaran a todas las mujeres que fueron pacientes de este médico en los últimos tres meses, ya que él es quien hace todos los exámenes ginecológicos a las reclusas en toda la Región Metropolitana. No se descartan que se hayan más denuncias.
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La querella añade que las internas sufrieron de discriminación por ‘motivos de sexo’ y por sus condiciones de salud, “lo cual configura una práctica específica de tortura, razón por la cual, además, estas cuatro mujeres están recibiendo atención sicológica por parte de Gendarmería”.
Además, la querella sostiene que los hechos sufridos por las internas, no solo generaron una afectación a su salud sexual y psicológica, sino que también “constituyen una grave transgresión a los compromisos suscritos por el Estado de Chile, en relación a la protección de la violencia contra la mujer y en materia de resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad“.
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