Según ONU Mujeres, Uruguay encabeza el listado de violencia doméstica, tanto así, que la organización califica las cifras como “alarmantes”. El año 2018, los delitos contra las mujeres fueron 31, mientras que el 2019, hasta el 4 de diciembre, alcanzaban las 19 víctimas.
Sin embargo, en vísperas de navidad, una madre y dos hermanas fueron asesinadas, lo que provocó que el presidente Tabaré Vázquez, declarara emergencia nacional en el país, debido a “la conmoción causada por los recientes actos de violencia ejercidos contra las mujeres”, enfatizó la Secretaría de Comunicación de Presidencia, en el comunicado.
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“Cuando se piensa en fiestas se piensa en familia, y eso se ve como contención y amor. Pero quienes trabajamos con víctimas de la violencia intrafamiliar sabemos que para muchas mujeres estas fiestas son sinónimo de espanto, de horror y de muerte, y que entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, es una época muy difícil”, lamenta la abogada Marina Morelli Núñez, presidenta de la cooperativa Mujer Ahora y miembro de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, a Deutsche Welle.
Por su parte, Margarita Mariño, fundadora de Mujeres de Negro, un colectivo que lucha contra los femicidios, indicó que esto “es un problema cultural enraizado que no veía con malos ojos que el hombre tuviera derecho a ‘disciplinar’ con violencia a su pareja e hijos. Se trata de conductas violentas que se han naturalizado”, explica al mismo sitio.
Dentro de las propuestas inmediatas del gobierno, se considera “promover una reunión de alto nivel entre la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y Fiscalía General” para mejorar la coordinación, comprar 200 tobilleras más para monitorear a las víctimas y los victimarios, difundir medidas de protección a las mujeres y brindar cursos de prevención del abuso sexual, consigna DW.
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Críticas al mecanismo
Pero, al parecer las medidas no son del todo aceptadas, ya que, por su parte, la agrupación Mujeres de Negro, manifiesta que seguirá a la espera de nuevos mecanismo, mientras que Mariño asegura que la emergencia nacional era “reclamada desde hace varios años desde la sociedad civil”. “Los avances no han sido suficientes, porque siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas. La violencia desde 2005 ha tenido un incremento del 580 por ciento, pero la Justicia trabaja con los mismos recursos que hace 15 años”, sentencia.
Por su parte, Morelli valora las medidas tomadas por las autoridades, pero critica la falta de precisión. “La declaración sola no es suficiente, porque le faltan planes de emergencia y de contingencia”, opina.
“Uno no puede declarar estado de emergencia nacional un 30 de diciembre y esperar que tres meses después se cree el plan y un comité. Las medidas deben adoptarse a la brevedad, porque está en juego la vida de una población vulnerable. Se trata de salvar vidas humanas”, agrega, pues Vásquez deja el poder el 1 de marzo, aunque afirma que, con este implemento, el Estado “reconoce que su labor ha sido insuficiente”.
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“Hay que considerar que esta temática siempre ha sido de segunda categoría en Uruguay, donde siempre dicen que hay cosas más importantes de las que ocuparse”, detalla Núñez,
Contrario a esto, advierte que “no podemos pasar por alto que se trata de un hecho histórico. Hace pocas décadas el estado negaba que la violencia contra las mujeres existiera”. Además, es enfática en señalar que este problema se debe solucionar, no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad civil.
“Estas cosas se ven desde un lugar un poco elevado, como que esta realidad les sucede a otras. A mucha gente le gusta espantarse por las noticias o poner el lacito negro en Twitter o Facebook, pero no cree que tenga mucho que ver con el asunto. Pero la verdad es que no podemos esperar una respuesta solo estatal, todos tenemos que involucrarnos”, critica la abogada.
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